El 13 de septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la financiación privada de litigios responsable (2020/2130(INL). Considera el Parlamento Europeo que, aun cuando el recurso a la financiación de litigios por terceros es aún limitado, constituye una práctica en expansión en la Unión con una importancia creciente tanto en los sistemas judiciales de algunos Estados miembros como en la manera en que los ciudadanos europeos pueden acceder a la justicia, muy en especial en asuntos transfronterizos. Con ello es necesario regular a escala de la UE la financiación de litigios.
Dicha regulación de la financiación de litigios por terceros debe ir acompañada, de acuerdo con la presente Resolución, de políticas que mejoren el acceso a la justicia para los demandantes, como la reducción de las costas procesales, una financiación pública adecuada para las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de protección de los consumidores, o la promoción de otras prácticas como la asistencia jurídica gratuita o la financiación participativa. Y para ello pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas a este respecto y que se inspiren en las medidas a que se refiere el art. 20 de la Directiva (UE) 2020/1828 a la hora de garantizar un acceso efectivo a la justicia;
Tiene el convencimiento de que para garantizar que todos puedan acceder a la justicia y que los sistemas judiciales den prioridad al resarcimiento de los perjudicados y no a los intereses de inversores privados que pueden buscar únicamente las oportunidades comerciales derivadas de litigios judiciales, es preciso establecer normas mínimas comunes en el ámbito de la Unión que aborden los aspectos fundamentales de la financiación de litigios por terceros, como la transparencia, la equidad y la proporcionalidad.
[Vease un comentario a esta resolución de J.C. Fernández Rozas, ““El mercado emergente sobre la financiación privada de litigios responsable en la Unión Europea: un cauce para facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos y las empresas privadas”, La Ley: Unión Europea, nº108, noviembre 2022]