La nueva Junta de Gobierno del ICAM, consciente del potencial de su Corte de Arbitraje, comienza una nueva andadura con la meta de aunar compromiso, calidad, especialización, transparencia y servicio, de suerte que esta institución cobre el relieve que le corresponde dentro del arbitraje privado, con especial énfasis en el ámbito doméstico o interno.
La Corte de Arbitraje del ICAM se crea en 1990, por acuerdo de la Junta de Gobierno, en el marco de la Ley 36/1988 de Arbitraje con la finalidad de desempeñar las funciones arbitrales que el Colegio tiene atribuidas tanto por la Ley de Colegios profesionales como por el Estatuto General de la Abogacía.
Hasta la Ley de 1988, no era posible el arbitraje institucional y es esta Ley la que, por primera vez, establece en su artículo 10 que las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento, a Corporaciones de Derecho Público y a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que puedan desempeñar funciones arbitrales conforme a sus normas reguladoras, las primeras, y a sus Estatutos, las segundas.
La Corte de Arbitraje del ICAM, a diferencia de otras Cortes o Tribunales arbitrales constituidos por otros Colegios de Abogados, se constituye como un servicio más del ICAM, careciendo así de personalidad jurídica propia.
Los Estatutos y el vigente Reglamento de la Corte de Arbitraje fueron aprobados por la Junta de Gobierno del ICAM en el año 2010 y fueron modificados posteriormente con el objetivo de dotar a la Corte de un instrumento que le permita situarse al mismo nivel que las cortes de arbitraje más avanzadas del mundo, pero regulando también un procedimiento sencillo para aquellos asuntos de menor cuantía o que se refieren a determinadas materias.
