La Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha celebrado hoy en el ICAM la V Conferencia Internacional Perú – España, un evento organizado de forma conjunta con el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y Latin American International Arbitration (LIA), contando con el apoyo institucional de CIAM.
José Ignacio Monedero Montero de Espinosa, presidente de la Corte de Arbitraje del ICAM, ha sido el encargado de inaugurar la sesión, acompañado por José María Alonso Puig, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y por Carlos A. Soto Coaguila, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje y Presidente del Latin American International Arbitration.
El presidente de la Corte de Arbitraje del ICAM ha destacado la importancia de que este encuentro se celebre en Madrid, “puerta de Europa para la comunidad Latinoamericana, en especial de Perú, nación hermana y con la que compartimos muchos vínculos”.
Tras comentar las ventajas que presenta el arbitraje, como puede ser “la agilidad, la especialización o la capacidad de dar mejor respuesta en el conflicto internacional”, Monedero ha insistido en la necesidad de interiorizar la autonomía del arbitraje frente a la jurisdicción. “Lo que no se consigue en el arbitraje no se puede conseguir mediante la acción de nulidad ante la jurisdicción, y este es uno de los retos de concienciación que debemos asumir entre todos”, ha señalado.
“Estas dos jornadas suponen un desafío de análisis de los problemas transnacionales que tenemos entre Perú y España. El intercambio de ideas y el reforzamiento de conexiones colaborativas redundará en beneficio del sistema arbitral”, ha concluido.
Por su parte, Carlos A. Soto, coordinador y copresidente de la IPA, ha puesto en valor los siglos de historia común entre los dos países y ha recordado que “en Perú se arbitra bastante y con éxito”. Como ha explicado Soto, el arbitraje en Perú tuvo su auge en el arbitraje doméstico -a diferencia de lo que ocurre en otros países-, y se acabó popularizando entre empresarios, comerciantes y el propio Estado y ha alcanzado tal desarrollo que los tribunales arbitrales para arbitraje doméstico en Perú “no solo están integrados por árbitros peruanos sino también internacionales, muchos de ellos españoles, que aplican la ley peruana”.
En este contexto, para el presidente de la IPA es importante organizar este tipo de conferencias de hermanamiento con el objetivo de “consolidar y ampliar las relaciones profesionales y académicas entre la comunidad arbitral, jurídica y académica, entre peruanos y españoles”.
El presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, José María Alonso Puig, ha intervenido en la inauguración reivindicando que “los arbitrajes con partes lusoparlantes se celebren en sedes familiares”.
“Tenemos que ser conscientes de que Iberoamérica es una verdadera potencia en el mundo del arbitraje internacional y de que nuestras sedes son sedes extraordinarias”, ha asegurado Alonso.
Tras la inauguración institucional ha tenido lugar una conferencia magistral impartida por José Antonio García Belaunde, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú (2006–2011), Embajador del Perú en España (2016-2018), diplomático y profesor universitario, sobre los nuevos paradigmas de América Latina, en la que se han analizado cuestiones como la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el fomento de las inversiones.
V Conferencia Internacional Perú–España
La V Conferencia Internacional Perú–España continuará a lo largo del día de hoy abordando cuestiones como el arbitraje internacional como mecanismo eficiente y eficaz para la solución de controversias, los tratados de protección de inversiones Perú – España, los causales de anulación invocadas con mayor frecuencia en los tribunales judiciales o el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.
En la segunda jornada, que se celebrará mañana en la sede del ICAM, se analizarán cuestiones de relevancia como el control constitucional del Arbitraje, el amparo contra laudos arbitrales, el rol de los árbitros y peritos técnicos, la interferencia de los procesos judiciales en el procedimiento arbitral o el Estado como parte en arbitrajes domésticos e internacionales.
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